Desalojan unos 10 mil puestos en La Salada

Por orden de un juez, unos 300 efectivos de Gendarmería desarman los precarios stands que ocupan 10 cuadras sobre una de las márgenes del río. Si bien la  medida es rechazada por los puesteros, el operativo se desarrolla con normalidad.

Efectivos de la Gendarmería, policías bonaerenses y personal de la municipalidad de Lomas de Zamora comenzaron a desalojar esta mañana unos 10 mil puestos en La Salada. Se trata de precarios stands instalados sobre una de las márgenes del Riachuelo, que -para la Justicia- debían ser desarmados hace más de dos años en el marco de la causa por el saneamiento del río. Si bien la medida es rechazada por los puesteros, el procedimiento se cumple sin incidentes.

En el operativo, que comenzó minutos antes de las 7, participan camionetas, camiones volcadores y hasta una grúa, que es usada para desarmar los puestos.

Los stands desalojados se encuentran dispuestos a lo largo de unas 10 cuadras. Algunos fueron levantados sobre rellenos ilegales en el Riachuelo y hasta están sostenidos sobre pilotes por encima del río. Estos puestos son satélites de las ferias vecinas que funcionan legalmente, que son la Punta Mogote, la Urkupiña y la Ocean, pero no dependen administrativamente de éstas. Forman una feria paralela que bajo el nombre de Feria de la Ribera funciona, como las otras, los martes y los domingos. Y venden lo mismo: zapatillas, ropa, productos de limpieza, juguetes y hasta electrodomésticos.

La orden para desalojar estos puestos data de noviembre de 2009 y fue dada por Luis Armella, el juez a cargo de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone que Nación, Ciudad y Provincia lleven a cabo un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.

En un comunicado de la Cooperativa La Ribera, los feriantes acusaron a la Municipalidad de Lomas de Zamora de “haber llegado a un acuerdo espurio” con los propietarios de las ferias Urkupiña y Punta Mogote para desalojarlos, y de haber “presionado violentamente a los feriantes y armadores para que firmen un desalojo voluntario e ingresen como mano de obra en negro en Urkupiña”.

El juez dispuso esta medida para poder abrir el camino de sirga, una calle o camino público de 35 metros de ancho que, según establece el Código Civil, debe existir junto a las orillas de los ríos o canales. En el caso del Riachuelo, este espacio no se respeta y para hacerlo, el juez ya ordenó liberar la costa de industrias y asentamientos. Uno de ellos era El Pueblito, en Pompeya, donde hasta octubre vivían 110 familias que ahora fueron reubicadas en un complejo de viviendas. Además de La Salada, para hacerlo queda otro gran escollo que es la villa 21.24 de Barracas.

Fuente: Clarin.com